Como es de público conocimiento, existe un proceso penal abierto contra el ex Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Rubén Valdez. La denunciante del caso está siendo procesada en un sumario administrativo interno de la institución por supuestas faltas disciplinarias.
Consideramos que este proceso tiene como móvil principal la persecución por los hechos que se denunciaron y en ese sentido nos preocupa la falta de imparcialidad del Tribunal ya que cualquier proceso del cual pudiera derivar una pena o sanción debe regirse por las normas del debido proceso, entre ellas la presunción de inocencia, la comunicación previa y detallada de los hechos que se le imputan, el acceso y control de las pruebas, todas garantías ausentes en el sumario administrativo impulsado.
Esta persecución tiene como fin no sólo disciplinar a la denunciante de hechos de violencia sexual, sino también enviar un mensaje fuerte y claro a otras mujeres que pudieran estar pasando por lo mismo. Si bien el CBVP emitió un protocolo sobre casos de acoso sexual, desconocemos si está siendo aplicado. No es suficiente contar con un instrumento si las acciones siguen siendo de persecución a quienes denuncian hechos de violencia sexual de parte de sus superiores.
Desde nuestro espacio estamos acompañando este proceso disciplinario, y expresamos nuestra solidaridad con esta bombera y con todas las mujeres que denuncian hechos de violencia sexual. No están solas.
Con relación al tratamiento de la modificación del tipo penal de violencia familiar (art. 229 del Código Penal) en la Cámara de Senadores, manifestamos cuanto sigue:
Nos preocupa el contexto en el cual ocurre esta modificación y que, aunque con buenas intenciones, las propuestas no necesariamente significan un avance cualitativo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El populismo punitivo sigue siendo la gran apuesta del Estado, en detrimento de políticas que impliquen la prevención y atención efectiva a las mujeres víctimas de violencia. Nos preguntamos por qué esta modificación y por qué ahora. En nuestra experiencia, el Estado suele tomar este tipo de medidas para informar de “avances” a organismos internacionales. En noviembre de 2021 Paraguay debe informar al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), y nos preguntamos si esta es otra medida “para la vidriera”.
El primer tratamiento del proyecto de ley, realizado en fecha 10 de junio pasado, terminó en una postergación a propuesta para incluir modificaciones adicionales al proyecto de ley, que pretendía, entre otras cosas, bajar las penas para el tipo base. En este proceso, se realizan propuestas de modificación que tienen un espíritu de ampliación del tipo penal pero que, desde nuestro punto de vista, plantea una redacción complicada que podría dificultar su aplicación. Es importante recordar que en el ámbito penal no hay margen para analogías ni interpretaciones extensivas, por lo que la redacción del tipo penal debe ser lo más clara y sencilla posible.
Por ello, desde nuestro espacio proponemos una redacción más sencilla que implique reconocer la violencia física o psíquica sin importar el tipo de relación entre víctima y victimario y que reconozca la violencia que se ejerce contra una persona en razón de su negativa a establecer o restablecer una relación de pareja permanente o casual. Este elemento no ha sido considerado hasta ahora en ninguna de las propuestas legislativas. Así, uno de los numerales contemplaría de forma sencilla todos los casos vinculados a la violencia en los vínculos sexuales o afectivos, sin importar el tipo de relación en el que se encuentren las personas. Por ello, como parte del primer inciso proponemos lo siguiente:
Violencia familiar.
1º. Quien ejerciera actos de violencia física o sicológica sobre:
1.Una persona con quien tenga o haya tenido una relación de pareja permanente o casual; o sobre una persona que se haya negado a establecer o restablecer una relación de pareja permanente o casual; existiendo o no impedimentos dirimentes previstos en el Código Civil.
Fundamentación: el lenguaje “relación de pareja permanente o casual” es la utilizada en el artículo 50, numeral f) de la ley 5777/16, que tipifica el feminicidio. La aplicación de un lenguaje similar permitirá un continuum entre el concepto utilizado en violencia familiar y el utilizado en feminicidio, que constituye la situación más extrema de violencia. Asimismo, la existencia (o no) de impedimentos dirimentes hace referencia a los casos en que el agresor es denunciado por una mujer con quien mantiene una relación extramatrimonial. Ya se han registrado casos en que como defensa se ha alegado que “las amantes” no podrían ser víctimas de esta forma de violencia. Esa cláusula busca proteger a las víctimas de violencia sin importar su tipo de relación con el victimario.
Con relación a la inclusión de niños, niñas y adolescentes en el tipo penal, este artículo colisionaría con el tipo penal de maltrato, previsto en el artículo 134 del Código Penal. De continuar con la idea de incluir, habría que tomar la previsión de derogar expresamente el artículo 134, que hoy tiene una pena menor a la prevista en esta propuesta de modificación. No hacerlo podría complejizar la aplicación del tipo penal en el caso de niños, niñas y adolescentes.
Reiteramos nuestro llamado a propuestas más integrales con relación a la violencia basada en el género y que impliquen la transformación de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres en la sociedad.
El día de hoy se tratará en la Cámara de Senadores un proyecto de ley de modificación del artículo 229 del Código Penal sobre violencia familiar. Frente a esto, desde el Consultorio Jurídico Feminista, presentamos las siguientes consideraciones:
Rechazamos que el proyecto reduzca la pena de 6 a 5 años para el tipo base*, lo que en la práctica significa que la violencia familiar pasaría de ser crimen a ser delito, justo cuando en el 2020 se registró un aumento de los casos de violencia familiar. La reducción de la pena envía a la sociedad el mensaje de que el tema no es tan grave, justo cuando los números indican que debe dársele prioridad.
Rechazamos la modificación que pretende introducir el concepto de “pareja estable” como un requisito para la configuración del tipo penal. Cualquier otra situación quedaría descubierta. Recordamos que en un instructivo del Ministerio Público se consideraba a las relaciones donde no había matrimonio ni unión de hecho, por fuera de la protección del artículo, justo a partir de un caso donde un político era denunciado en el marco de una relación extramatrimonial. Este articulado representa una discriminación directa a las mujeres que están por fuera de los esquemas tradicionales de relación.
Consideramos positiva la introducción de agravantes en casos de violencia contra hijos e hijas, reiteración, en casos de utilización de armas, entre otras.
Desde el Consultorio Jurídico Feminista venimos alertando sobre los diversos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para el acceso a la justicia, destancado entre ellos las actitudes y prácticas de operadores y operadoras de justicia para la aplicación efectiva de la ley. Ciertas modificaciones propuestas implicarían un retroceso en un momento en el que los altos índices y las diversas formas de violencia contra las mujeres necesitan una respuesta integral, más allá de modificaciones legislativas, que, a su vez, no responden a la realidad de muchas mujeres y sus demandas.
(*) El tipo base es la descripción de la conducta sin atenuantes ni agravantes.
Se publicó recientemente el libro «Vivências de mulheres no tempo e espaço da pandemia de Covid-19. Perspectivas transnacionais» (Vivencias de mujeres en el tiempo y espacio de la pandemia de Covid-19. Perspectivas transnacionales), bajo la organización de Georgiane Garabely Heil Vázquez, Joseli María Silva y Karina Janz Woitowicz y la Editora CRV (Curitiba – Brasil). Entre los artículos se encuentra: «Acceso a la justicia para las mujeres y control social en tiempos de Covid-19 en Paraguay» de Mirta Moragas Mereles que presenta y analiza nuestras experiencias desde el Consultorio Jurídico Feminista en el contexto de la pandemia. El libro completo está disponible aquí
Créditos de la imagen: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Antecedentes:
Vivian Genes Meza, al igual que los demás jóvenes universitarios fue imputada por la fiscal Estefanía González y el fiscal Lorenzo Lezcano, señalando en la imputación que los hechos supuestamente cometidos por los mismos se encuadran dentro de cuatro tipos penales, todos con una expectativa de pena de entre 3 y 5 años, definidos como delitos por nuestro código penal.
La Fiscalía en su relato de los hechos no describe la conducta supuestamente desplegada por cada uno de ellos/a, lo que lo torna una imputación genérica, y su pedido de aplicación de prisión preventiva no está justificado, simplemente se limitaron a decir que se tratan de hechos graves, con concurso de delitos, que implica que los hechos se encuadrarían en más de un hecho punible, hay peligro de fuga porque los mismos no tienen un trabajo fijo y estable ni domicilio fijo, concluyendo que además podrían obstruir la investigación.
1.No consideró el carácter excepcional de la prisión preventiva y las directrices de la Corte Suprema de Justicia.
El norte para la aplicación de la prisión preventiva por parte de los Jueces está señalado en la Constitución Nacional, que define su carácter excepcional, indispensable y sólo cuando otra medida cautelar no aseguran el sometimiento al proceso penal, a esto se suma que Jueza Vallejos desconoció la Acordada 1511/21 “Por la cual se señala la necesidad de aplicar la prisión preventiva en forma excepcional, proporciona una guía para el efecto y el uso de la revisión de oficio como instrumento al servicio de la descongestión penitenciaria» de la Corte Suprema de Justicia, que recuerda a las y los jueces las garantías procesales que son de rango constitucional. Entre otras cosas, la prisión preventiva es la última ratio (último recurso) y esta debería sustentarse, lo que la jueza omitió.
2. El criterio de la Jueza no forma parte del orden de prelación de leyes (pirámide de Kelsen).
El Código Procesal Penal señala claramente que los Jueces solo podrán decretar la prisión preventiva cuando sea indispensable y que medien de manera conjunta 1) hecho punible grave 2) necesaria presencia y sospecha de participación 3) existan hechos suficientes para suponer el peligro de fuga y la obstrucción.
Para intentar justificar el primer requisito la jueza incorpora un elemento de análisis que no corresponde, la concurrencia de más de un tipo penal, llamado concurso de delito, esta figura está establecida en el capítulo VI (65 al 71) del Código Procesal Penal de medición de pena, y su nombre queda claro que se utiliza al momento de analizar la pena y los efectos que tendrán la sanción en la vida futura de la persona, incorporar este elemento al momento de analizar la aplicación de medidas cautelares es desconocimiento como mínimo pues su criterio no forma parte de la jerarquía de las normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país (tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional).
3. La jueza no fundamentó el peligro de fuga
La Fiscalía cuando solicitó la prisión preventiva alegó que Vivian Genes y los demás universitarios no tenían un domicilio fijo, ni trabajo fijo y estable, estas afirmaciones no fueron respaldadas por elementos probatorios, pese a que es obligación legal de quien solicite la medida cautelar acreditar los motivos por los cuales solicita, y además la defensa justificó plenamente que Vivian Genes Meza tiene arraigo (pese a que no es su obligación). La Jueza tomó conocimiento que la Vivian Genes Meza es estudiante universitaria de la carrera de Arquitectura de la UNA, séptimo semestre, trabaja en un Consultorio de Arquitectura, se desempeñó Consejera Superior Universitaria (miembro titular) en el periodo 2018-2020, no tiene procesos penales en curso ni cuenta con condena anterior, y además ofreció 3 fiadores personales. Esto no fue analizado por la Jueza quien simplemente se limitó a decir que hay peligro de fuga por el marco penal ¿Cuál marco penal? Son delitos los hechos y tiene expectativa de pena entre 3 y 5 años. Para nuestra legislación son considerados graves los hechos calificados como crímenes que tienen una sanción superior a 5 años como mínimo.
4. La jueza sostiene, pero no fundamenta cómo Vivian Genes podría obstaculizar la investigación.
No hay párrafo que explique cómo Vivian Genes Meza podría obstruir la investigación, esto viola la obligación constitucional que tiene la Jueza de fundamentar su sentencia, es decir señalar cuales son los motivos de hecho y de derecho que le llevan concluir y tomar la decisión de decretar la prisión preventiva, esto es un espejo de que su decisión es subjetiva, no fue resultado del análisis de los hechos y las normas y tenemos como resultado una persona privada de libertad, cuya decisión fue tomada por una resolución que no tiene valor alguna.
Por todas estas razones, consideramos que lo resuelto por la Jueza es arbitrario que viola el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, presunción de inocencia, tornando su privación de libertad en una pena anticipada, sólo justificada por motivaciones políticas.
Queremos compartir con todxs estas 17 páginas donde plasmamos nuestro origen como consultorio jurídico, nuestro propósito, y nuestra idea de imaginar y hacer justicia feminista, el componente de honestidad imprescindible para la relación entre las mujeres asesoradas y las que orientan en materia jurídica, de ciencias sociales o de comunicación 💜
Alexa Torres es una joven que a los 20 años denunció al sacerdote Silvestre Olmedo por acoso sexual. Luego de varios años de luchar contra las chicanas de la defensa, el caso llegó a juicio oral por primera vez en el 2020. En el juicio fue plenamente probado que el hecho existió y aún así los jueces absolvieron al acusado. La sentencia fue apelada por la fiscalía y por el Consultorio Jurídico Feminista que lleva la querella adhesiva en representación de Alexa[1]. En diciembre de 2020 el Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral. En sus argumentos el Tribunal consideró varios temas que sirven para el avance de los derechos de las mujeres: que los tribunales deben considerar los instrumentos internacionales al fallar casos de violencia contra las mujeres; que deben dejar de recurrir al diccionario cuando cuentan con otros elementos más pertinentes como instrumentos internacionales ratificados por el Estado; que un solo manoseo puede ser considerado acoso.
¿Por qué este caso es importante?
Los casos de acoso sexual no suelen llegar a estas instancias porque al ser un tipo penal de una expectativa de pena muy baja (hasta dos años de pena privativa de libertad), suelen tramitarse por vías alternativas o en muchos casos, la única prueba que se tiene es la palabra de la mujer acosada, que no es considerada suficiente por la Fiscalía. En el 2019 hubo 159 denuncias a la fiscalía por acoso sexual y de enero a setiembre de 2020, 80 denuncias[2].
La Cámara de Apelaciones fijó un estándar importante al señalar que el acoso puede configurarse con un solo acto y no es necesario más de un manoseo, tal como señaló uno de los jueces que absolvió a Olmedo.
El acusado es integrante de una institución poderosa y que tiene a su alcance muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es esencial que el Estado envíe un mensaje claro de que este tipo de hechos no van a ser tolerados. Hasta ahora, la propia institución ha minimizado el hecho. Es hora de que el Estado envíe un mensaje claro.
Este caso es importante porque puede ayudar a muchas otras mujeres a romper el silencio. Tal como también señaló el Tribunal de apelaciones, la impunidad envía un mensaje de tolerancia social, por lo que hacer justicia en este caso es para Alexa pero también es para todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia sexual.
El Consultorio Jurídico Feminista es un equipo de abogadas, profesionales y estudiantes de Ciencias Sociales que pone a disposición sus conocimientos y experiencias para el avance de los derechos de las mujeres, de forma voluntaria. El espacio brinda asesoría y orientación legal gratuita.
[1] Durante el primer juicio participaron las abogadas Sonia Von Lepel y Mirta Moragas. El segundo juicio será llevado por María José Durán y Mirta Moragas.
[2] Datos proporcionados por el Ministerio Público por acceso a la información pública. En: Moragas, Mirta (2020). El (no) reconocimiento de los derechos sexuales en tiempos de pandemia. En: Codehupy (2020) Derechos humanos en Paraguay. Página 398.
