No es común que los casos de acoso sexual lleguen a instancias de juicio oral.
Las complejidades probatorias, la revictimización, la falta de redes de apoyo y sobre todo, la falta de acceso a la justicia son solo algunos de los elementos que desalientan a las mujeres a recurrir a la justicia. En búsqueda de justicia, Alexa Torres tuvo que pasar 6 años, dos juicios, dos nulidades e infinidad de artimañas y barreras procesales de un sistema de justicia patriarcal y un Estado cómplice.
Es fundamental subrayar las violencias de una estructura judicial que juzga desde los estereotipos de género y muestra una total negligencia en los plazos de inactividad procesal. Con este tipo de casos, se evidencia la carencia de protocolos para juzgar a un integrante de una institución de poder como lo es la Iglesia Católica.
La misma también actuó de manera cómplice, encubriendo y minimizando el acoso. El Estado debe velar por la igualdad de condiciones para llevar adelante casos como estos.
A pesar de las grandes movilizaciones sociales espontáneas que se dieron como reacción a los hechos, la impunidad envió un mensaje de tolerancia social, por lo que hacer justicia en este caso es para Alexa, pero también es para todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia sexual.
Es por ello que el Consultorio Jurídico Feminista recurre al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con la esperanza de lograr un dictamen para que el Estado reconozca que el hecho ocurrió y que las formas de juzgamiento perjudicaron el acceso a la justicia de Alexa Torres y con ello, a futuras denuncias de casos de violencia de género.
Con este reconocimiento se esperan acciones por parte del Estado para cambiar esta situación y para que se establezcan medidas de reparación.
